La fiscal general la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia garantizar la continuidad de los distintos procesos penales en curso contra Biagio Pilieri Gianinnoto, Hernán Claret Pérez Alemán y José Alberto Sánchez Montiel (Mazuco), diputados electos a la Asamblea Nacional.
Tal solicitud la efectuó Ortega Díaz a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 285 de la Constitución que establece la obligatoriedad del Ministerio Público de garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.
Este miércoles 5 de enero, con base en el artículo 219 del texto fundamental y el artículo 2 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano inició sesiones, en esta oportunidad con el nombramiento de la directiva y la juramentación de los nuevos diputados de ese poder del Estado. Los diputados antes mencionados no pudieron ser juramentados por estar somentidos a procesos judiciales.
Fiscalía sostiene que a Pilieri Gianinnoto, Pérez Alemán y Sánchez Montiel (Mazuco), se les han seguido diversos procesos judiciales. En el caso de este último, fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y privación ilegítima de libertad, ambos en grado de cómplice necesario, previstos y sancionados en el Código Penal y denominados por la jurisprudencia como delitos comunes.
El ex alcalde del Municipio Bruzual del estado Yaracuy, Biagio Pilieri, fue acusado por malversación agravada de fondos públicos, concertación ilegal con contratista y peculado doloso propio, previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción.
Biagio Pilieri y otras 8 personas acusadas por el Ministerio Público habrían malversado fondos públicos por más de un millardo de bolívares, provenientes de la supuesta contratación para prestar servicios a la municipalidad, hecho registrado durante los años 2000-2004, lapso de la gestión del citado burgomaestre.
Por su parte, Pérez Alemán, ex alcalde de Cabimas, fue acusado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, malversación específica, evasión de procedimientos licitatorios y concierto de funcionario con contratista, previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción.
El ex alcalde fue acusado por presuntas irregularidades administrativas durante su gestión, 2000-2004 y 2004-2008.
Con la solicitud del Ministerio Público, corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia tomar las decisiones pertinentes para dar continuidad a estos procesos con apego a la Constitución y las leyes de la República.
El Universal
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