Chavistas y opositores se dieron cita ayer en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero a diferencia de otras ocasiones no se enfrentaron, sino que se unieron para exigirle a ese organismo que deje sin efecto la reforma parcial a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual establece que los miembros de las juntas parroquiales ya no serán elegidos en elecciones universales, directas y secretas, sino que esa tarea la realizarán los consejos comunales.
Con matices, el opositor Emir Guzmán y el oficialista Luis Sánchez, presidentes de las juntas parroquiales de los municipios carabobeños de San Diego y Guacara, ofrecieron casi los mismos argumentos para cuestionar la constitucionalidad de la modificación al texto: Violación al derecho al sufragio y a la autonomía municipal.
"Nosotros estamos de acuerdo en desmontar el viejo estado burgués, trascender al estado socialista y transferirle todo el poder al pueblo", afirmó Sánchez, quien no obstante calificó de contradictorio que "si (se afirma en la Constitución que) la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y él la ejerce directamente a través del sufragio, entonces le estamos quitando a la gente su derecho a escoger a sus representantes y estemos volviendo a las elecciones de segundo grado".
Guzmán, por su parte, demandó respeto para el "verdadero poder popular" y acto seguido remató: "Los cuatro millones que nos eligieron (en los comicios locales celebrados en agosto de 2005)".
Contra pactos internacionales
Además de la Constitución, Sánchez alertó que la modificación hecha por la anterior Asamblea Nacional a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal violaría tratados internacionales suscritos por Venezuela.
"La reforma establece que una persona de 15 años de edad puede ser elegida miembro de una junta parroquial comunal, pero la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que una persona de 15 años no tiene responsabilidad jurídica ni penal y la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (Lopna) establece lo mismo", explicó.
Tras reiterar en varias ocasiones su apego al proyecto que lidera el presidente Hugo Chávez, Sánchez le solicitó al mandatario que atienda su caso, al cual no dudó en comparar con el de las supuestas estafas inmobiliarias.
"Tome en cuenta (presidente) a los cuadros del partido y de la revolución, porque hemos sido estafados", se quejó.
Abajo las santamarías
Los voceros confirmaron que las distintas alcaldías del país han comenzando a cerrar las oficinas donde funcionaban las distintas juntas parroquiales y denunciaron que en algunos casos se han realizado los pagos de manera incompleta.
"El pueblo está pidiendo nuestra presencia, porque no se sabe quién va a atender sus peticiones", dijo Guzmán.
En la Sala Constitucional ya reposan tres acciones contra la reforma de la Ley: Una demanda de nulidad y un recurso de interpretación de varios artículos de la Constitución fueron interpuestos por los citados en esta nota; mientras que otra querella fue consignada por la alcaldesa de El Hatillo, Miriam Do Nacimento (AD).
El Universal
Con matices, el opositor Emir Guzmán y el oficialista Luis Sánchez, presidentes de las juntas parroquiales de los municipios carabobeños de San Diego y Guacara, ofrecieron casi los mismos argumentos para cuestionar la constitucionalidad de la modificación al texto: Violación al derecho al sufragio y a la autonomía municipal.
"Nosotros estamos de acuerdo en desmontar el viejo estado burgués, trascender al estado socialista y transferirle todo el poder al pueblo", afirmó Sánchez, quien no obstante calificó de contradictorio que "si (se afirma en la Constitución que) la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y él la ejerce directamente a través del sufragio, entonces le estamos quitando a la gente su derecho a escoger a sus representantes y estemos volviendo a las elecciones de segundo grado".
Guzmán, por su parte, demandó respeto para el "verdadero poder popular" y acto seguido remató: "Los cuatro millones que nos eligieron (en los comicios locales celebrados en agosto de 2005)".
Contra pactos internacionales
Además de la Constitución, Sánchez alertó que la modificación hecha por la anterior Asamblea Nacional a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal violaría tratados internacionales suscritos por Venezuela.
"La reforma establece que una persona de 15 años de edad puede ser elegida miembro de una junta parroquial comunal, pero la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que una persona de 15 años no tiene responsabilidad jurídica ni penal y la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (Lopna) establece lo mismo", explicó.
Tras reiterar en varias ocasiones su apego al proyecto que lidera el presidente Hugo Chávez, Sánchez le solicitó al mandatario que atienda su caso, al cual no dudó en comparar con el de las supuestas estafas inmobiliarias.
"Tome en cuenta (presidente) a los cuadros del partido y de la revolución, porque hemos sido estafados", se quejó.
Abajo las santamarías
Los voceros confirmaron que las distintas alcaldías del país han comenzando a cerrar las oficinas donde funcionaban las distintas juntas parroquiales y denunciaron que en algunos casos se han realizado los pagos de manera incompleta.
"El pueblo está pidiendo nuestra presencia, porque no se sabe quién va a atender sus peticiones", dijo Guzmán.
En la Sala Constitucional ya reposan tres acciones contra la reforma de la Ley: Una demanda de nulidad y un recurso de interpretación de varios artículos de la Constitución fueron interpuestos por los citados en esta nota; mientras que otra querella fue consignada por la alcaldesa de El Hatillo, Miriam Do Nacimento (AD).
El Universal
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