El gobierno venezolano dejó en manos del Tribunal Supremo de Justicia el cumplimiento de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de rehabilitar al líder opositor Leopoldo López, levantando una polvareda en su campo, que considera el fallo vinculante y no revisable.
El Estado “tiene que acatar el fallo: aquí no hay espacio para la interpretación”, aseveró este lunes Leopoldo López, que aspira a ser el rival de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de octubre de 2012 después de que la Corte fallara el viernes a favor de su rehabilitación política.
López, de 40 años, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos en 2005, cuando era alcalde de un rico municipio de Caracas, al ser acusado de corrupción por la Controlaría General, un órgano estatal que supervisa las finanzas públicas.
Pero la Corte Interamericana ordenó dejar sin efecto la decisión, al juzgar que la inhabilitación de todo político sólo puede ser decidida por un tribunal y mediante un juicio, y avaló el derecho de López a inscribirse como candidato en cualquier proceso electoral.
Chávez descalificó el papel del tribunal interamericano: “¿Qué valor puede tener esa corte? Para mí no vale nada, es un cero a la izquierda”, dijo el mandatario, indicando que la Corte nunca respondió a una “solicitud de protección” para su persona en abril de 2002, durante un fallido golpe de Estado en su contra.
El gobierno, que estima que el fallo de la Corte “estimula” la corrupción y fue tomada en base a razones “políticas”, encargó al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre “la aplicabilidad” de la sentencia.
“Esperaremos a ver qué dicen los órganos del Poder Judicial”, que es el “único órgano encargado de decidir” si el dictamen es compatible con la Constitución y la legislación interna, explicó este lunes el procurador de la República, Carlos Escarrá.
López se mostró convencido de que el Tribunal Supremo decidirá acatar la sentencia puesto que su caso agotó todos los recursos “ante órganos nacionales” e internacionales y el Estado ejerció su derecho a defenderse “durante tres años”.
“Yo ya estoy rehabilitado en derechos y justicia”, insistió López, que el día 24 presentará su candidatura a las elecciones primarias que la oposición celebrará el 12 de febrero para elegir a un único aspirante para enfrentar a Chávez en las presidenciales.
Enrique Sánchez Falcón, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que el Estado debe acatar el fallo al haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y reconocido la competencia de la Corte.
“El argumento de que el Tribunal Supremo debe examinar si el fallo se adecua a la Constitución no es aceptable”, dijo a la AFP Sánchez Falcón, señalando que la Carta Magna recoge que el Estado “cumplirá con las decisiones emanadas de los órganos internacionales”.
La Corte, con sede en San José, exhortó además a Venezuela a cesar las inhabilitaciones por parte de la Controlaría General, que en los últimos años despojó de sus derechos a varios centenares de políticos, en su mayoría de oposición.
Estos últimos empezaron a reclamar desde este fin de semana la restitución de sus derechos políticos, en un clima que ya empieza a adoptar visos de precampaña electoral, a poco más de un año de las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012.
Sánchez Falcón, aunque advirtió que el dictamen “no se pronuncia” sobre las inhabilitaciones ya pasadas, admitió que éste puede sentar un “precedente jurídico” tanto en Venezuela como en otros países de la región, al haber “desestimado la vía administrativa” para este tipo de castigos.
El abogado recordó en particular el caso de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, inhabilitada en 2010 por la Procuraduría de su país, que estimó que se extralimitó en sus funciones como mediadora de la guerrilla de las Farc.
El Universal
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