Preso político otra vez

La jueza 9º de Control, Denisse Bocanegra, dictó medida privativa de libertad contra el periodista Leocenis García bajo la acusación de delitos de incitación al odio, vilipendio y ofensa a funcionario público. Hace poco más de un año, salió de la cárcel de Tocuyito

 Los delitos de opinión son incompatibles con las penas privativas de libertad. Los imputados deben ser juzgados fuera de la cárcel, recibir un juicio justo y un debido proceso. Ninguno de estos preceptos fueron tomados en cuenta al dictar privativa de libertad contra el editor de 6to Poder, Leocenis García, quien permanece recluido desde el martes en la sede del Sebin (Caracas) por los delitos de incitación al odio, vilipendio y ofensa a la mujer.

La decisión, tomada por la jueza 9º de Control, Denisse Bocanegra, está relacionada con la publicación en el semanario de un fotomontaje en el cual aparecen varias funcionarias del Estado disfrazadas de cabareteras. Además, constituye la segunda ocasión en la cual el periodista es detenido, pues hace poco más de un año fue liberado tras estar 2 años en Tocuyito por presunta extorsión contra el empresario Wilmer Ruperti.

“Esto constata el retrato hablado de la justicia en el país que tiene una balanza para castigar a quienes critican al Gobierno y otra para juzgar a quienes lo defienden. Por tres delitos menores no constituidos, Leocenis está preso. Por defender sus ideas y uno de los derechos universales: la libertad de expresión”, manifiesta Pedro Aranguren, abogado de García.

NATURALMENTE EXPUESTOS

El director de Espacio Público, Carlos Correa, explica que “las tipificaciones vinculadas con el vilipendio son incompatibles en su conjunto, pero mucho más en específico porque se supone que los funcionarios tienen que estar expuestos al escarnio público”.

Por esto, considera que esta medida tiene efectos directos sobre García y sobre el resto del país, pues “si se aplicó esta norma con tal generalidad, es restrictiva, y si ya se aplicó, se puede volver a aplicar”.

A juicio de Aranguren, la medida es una “barbaridad jurídica sin precedente en la historia del país, ya que atenta contra un periodista para defender al Estado. En una democracia se defiende al individuo y a la libertad de expresión. Batallaremos y apelaremos contra esta barbaridad”.

Tal Cual Digital