No ataques al mensajero, sino al mensaje. El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, parece no haber escuchado esta frase, al menos esto es lo que se desprende de las declaraciones que ofreció durante los actos conmemorativos por el 201 aniversario de la caída del último Gobierno colonial en Venezuela, en las que acusó a los medios de comunicación de distorsionar la realidad."No podemos permitir que la mentira se instale en nuestros cerebros. Debemos ver con claridad lo que somos y la necesidad de preservar nuestra soberanía y de defenderla, sobretodo en una época donde los medios de comunicación juegan un papel preponderante", afirmó el también presidente de turno del Consejo Moral Republicano, quien acto seguido demandó de las autoridades tomar medidas para evitar que los mensajes difundidos sobretodo por la radio y televisión embrollen a la ciudadanía.
"Se ha demostrado hasta la saciedad que las mentiras repetidas constante y permanentemente logran que importantes sectores de la sociedad se confundan y actúen en contra de sí mismo y de sus intereses", alertó y agregó que la formación y educación son las únicas herramientas para que "la gente se blinde ante las mentiras que están recibiendo a diario de los medios que tergiversan la realidad".
Para sustentar sus opiniones el contralor puso como ejemplo los abusos y atropellos que la policía y las Fuerzas Armadas cometieron durante los gobiernos anteriores y aseveró que los mismos fueron el producto de la formación que los agentes y uniformados recibieron durante décadas.
Fuera de orden
Russián, con sus señalamientos hacia los medios, contradice lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos sentencias que en 2009 dictó sobre la libertad de expresión en Venezuela.
En los fallos relacionados con las denuncias que Globovisión y Radio Caracas Televisión (RCTV) interpusieron por los ataques de los que han sido víctimas en los últimos años, el tribunal hemisférico reclamó de las autoridades venezolanas que eviten expresiones que puedan colocar a los diarios, radios y televisoras, así como a sus trabajadores, en situaciones comprometidas.
"Los funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituirse en formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado", dictaminó en esa ocasión la instancia regional.
El Nacional
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