Las novedades recabadas por los agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés), que han interrogado a Makled en la prisión de Cómbita, se refieren a altos funcionarios venezolanos señalados como “socios” en actividades asociadas al tráfico de drogas y a la delincuencia organizada transnacional. Como Makled lo afirmó: “Si yo soy narcotraficante, todos los que trabajaban conmigo son narcotraficantes”.En los documentos mediante los cuales Yvonne Schon y Gregory Ball, entre otros agentes de la DEA, reportan el resultado de sus investigaciones se hace mención expresa del fundamento jurídico de las pesquisas: el Código de Estados Unidos autoriza averiguaciones y arrestos sobre tráfico de drogas que afecten los intereses de ese país.
En la declaración del agente Ball, rendida el 30 septiembre en respaldo a la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, se precisa: “La evidencia obtenida confirma que Walid Makled coordinó la salida de cocaína por las pistas de aterrizaje que controlaba, proporcionó logística y soporte, y conocía que parte de esta sustancia iba a ingresar a Estados Unidos. La evidencia consiste en fotografías, conversaciones telefónicas grabadas, (que tenían permiso de ser grabadas), testimonios confidenciales de fuentes y testigos, incautados con droga, y otras informaciones”.
Víctor Rodríguez Cedeño, ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, razona: “Se abrirán investigaciones por todos lados. Lo recabado por la DEA son evidencias, no creo que pruebas en el sentido estricto del término; pero sí válidas para abrir averiguaciones con relación al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Y más allá: de la participación de altos funcionarios y militares venezolanos, que de ser ciertas ponen en jaque al régimen. Podría haber importantes autos de proceder: citaciones, detenciones por Interpol, medidas administrativas como retiro de la visa. Sería un escándalo nada bueno para los bolivarianos”.
El experto afirma que el hecho de que las declaraciones de Makled hayan sido tomadas fuera de Estados Unidos no le restan valor “y siempre serán consideradas por los tribunales, al menos por el de Manhatan que lleva el caso Estados Unidos vs MakledGarcía”.
El abogado de Makled en Colombia, Miguel Ángel Ramírez, opina que estas evidencias tendrían peso en Estados Unidos “si en ese país se adelantara una investigación en contra de alguna persona de las mencionadas por el señor Makled”.
Juan Pablo Rodríguez, profesor de la Universidad Externado, agrega: “El requisito es que se hayan cometido delitos en el país respectivo o que los delitos cometidos afecten los bienes jurídicos de ese país. Tal es el caso del narcotráfico, que es un delito pluriofensivo, es decir, afecta muchos intereses y a todos los países por los que pasan las sustancias psicotrópicas o estupefacientes”.
El general en jefe del Ejército Henry Rangel Silva, el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, general Hugo Carvajal, y el capitán retirado Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior y Justicia, son algunos de los acusados por Makled.
En septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordó el congelamiento de sus cuentas bancarias por su presunta colaboración con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informó en esa oportunidad Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.
Se supone que la medida se basa en investigaciones de la DEA relacionadas con lo dicho por Makled y, en conjunto, podrían fundamentar uno o varios procesos penales en Estados Unidos que involucren a otros militares y funcionarios venezolanos.
Ramírez y Rodríguez Cedeño coinciden en que lo señalado por Makled tendría que ser confirmado para que adquiera valor probatorio. La declaración rendida por el agente de la DEA Gregory Ball indica que las evidencias recabadas “han sido independientemente corroboradas”.
Ambos abogados difieren en la necesidad de que Makled ratifique sus testimonios ante los tribunales estadounidenses, lo cual sería imposible si es extraditado a Venezuela. “Si lo que se pretende es hacer valer ese testimonio dentro de una causa criminal, las reglas generales de un proceso oral establecen que el testigo debe comparecer frente a un juez o jurado y dar su testimonio de viva voz”, argumenta Ramírez. Rodríguez Cedeño cree que el valor como evidencia, aunque no como prueba irrefutable, es innegable: “Todo depende del modo en que el tribunal lo relacione con otras evidencias”.
Jesús Ollarves, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Central de Venezuela, tercia en el debate para advertir que Estados Unidos puede invocar la Patriot Act (Ley Patriota) que, no sin controversias, ha extendido el alcance del país norteamericano en nombre de la lucha contra el terrorismo. “En el caso de Makled podrían aplicarse las disposiciones sobre asistencia judicial reciproca de La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, sugiere Ollarves, y recuerda que Venezuela, Estados Unidos y Colombia han sucrito ese instrumento internacional.
Parece más viable la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, en vista de las diferencias entre el gobierno de Caracas con el de Bogotá y, mucho más, con el de Washington. Ollarves sostiene que, precisamente en virtud de este tipo de convenios internacionales, se pueden cubrir requerimientos procedimentales para que valgan los testimonios de Makled en Estados Unidos, aun en caso de que sea extraditado a Venezuela: “El fin último es evitar la impunidad, que no haya refugio en ningún lugar del mundo para los delincuentes internacionales”.
La Patilla.
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