Y el tema resulta de tan extrema sensibilidad que hizo aflorar las carencias y aberraciones del gobierno al convertirlo en objeto de experimentación política y social con el caso Pdval. Ahora Machado Allison recapitula desde el informe de la comisión de la MUD que investigó las aristas del escándalo: "En principio nos topamos con la violación de los derechos de propiedad, desde la aprobación de la Ley de Tierras y desarrollo rural, del 2001, hasta la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, del 2008, que le otorga al Gobierno poderes casi ilimitados para manejar el tema de los alimentos, desde la producción primaria hasta la distribución final, pasando por el procesamiento.
En el ínterin hay una serie de decretos y normas que hacen complicado el manejo del negocio alimentario: control de precios, de cambios, de transporte (guías) y también un control burocrático y estadístico de la producción nacional. Todo esto configura un clima en el cual se abate la inversión en la agricultura y hay una disminución importante en la producción de carne bovina, frutales, caña de azúcar, café y cacao; todos rubros que requieren inversiones cuantiosas a largo plazo.
-Parece evidente que la producción de alimentos fue disminuyendo a causa de los controles y eso provocó la necesidad de incrementar su importación masiva por parte de Pdval.
-Efectivamente. La importaciones de animales vivos, carne y productos cárnicos, en 1999, fue de apenas 212 mil dólares y las importaciones del último registro del Instituto Nacional de Estadística (año 2008), para animales en pie, llega casi a 500 millones de dólares, mientras que la de carne y otros productos relacionados está en un aproximado de mil 200 millones. En diez años saltamos, en ese rubro, de, 212 mil a mil 700 millones de dólares.
-¿A causa de la intervención de la propiedad privada en el campo?
--A partir del año 2005 se agudiza la intervención del Gobierno en la propiedad. Esto coincide con la gestión de (Elías) Jaua en el Ministerio de Agricultura y Tierras y del actual ministro (Juan Carlos) Loyo en el Instituto de Reforma Agraria. El resultado es la rápida disminución de la producción. Las importaciones, en alimentos, que para 2005 eran de mil 800 millones de dólares, llegan a siete mil cien para 2008. Sobre el año 2009 no tenemos las estadísticas, pero el ministro Giordani declaró que se acercaban a los diez mil millones.
-¿No indican las cifras que la solución no está en mejorar los procedimientos para la importación, sino en rectificar e impulsar el aparato productivo del campo?
-Sin duda. Nosotros recomendamos modificar las leyes vigentes para garantizar que los productores y otros agentes económicos de las cadenas agroalimentarias puedan desarrollar su tareas con las libertades económicas garantizadas por la Constitución. También pensamos que es necesaria una reforma legislativa que tenga como regla el carácter inafectable e inexpropiable de las propiedades rurales.Otro aspecto es la promoción de una ley de desarrollo rural para transformar las tierras ociosas.
-El Gobierno justifica la intervención de la propiedad privada rural aduciendo que esas tierras están ociosas.
-Nos referimos a todas, pero en particular a aquellas en manos del Estado, con un banco de tierras de 18 millones de hectáreas. Pensamos que si no hay necesidad de afectar las redes privadas de distribución de alimentos, tampoco tiene el Gobierno que intervenir fincas de terceros ante la gran cantidad de tierras que posee. En ese sentido recomendamos la transformación de tierras ociosas del Estado en unidades económicas productivas, complementado con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios. También sostenemos que se debe modificar la disposición de la Ley de Tierras que prohíbe los contratos entre productores. Ese modo de producción contractual en la agricultura se practica exitosamente en muchas partes del mundo. El arrendamiento es una relación beneficiosa para la producción.
-Estas recomendaciones deben convertirse en leyes y eso implica un proceso engorroso que depende de los resultados de las elecciones y de la actitud del Gobierno. Mientras tanto, ¿qué hacer para mejorar la importación y distribución de alimentos, tomando en cuenta que se han perdido cantidades incalculables de comida?
-Que el Gobierno modifique sus políticas, deje en paz a los productores del campo, simplifique los procedimientos vinculados al control de precios y transporte de alimentos y el Indepabis deje de hostigar al sector productivo. Estas son las únicas alternativas que en el corto plazo, sin necesidad de cambiar leyes, se pueden adelantar para una recuperación. Pero si el Gobierno tiene un plan para destruir al sector privado, entonces no hay otra solución sino la política y tratar de derrotarlo.
-Ante una disminución en la producción de alimentos, una baja de los precios del petróleo (necesarios para importar lo que no producimos) y una ineficacia relacionada con la corrupción, a la hora de distribuir lo que llega, ¿no estamos acercándonos a una situación límite en la cual la demanda desborde la oferta de alimentos?
-Desde luego. El Gobierno tiene el poder para priorizar la utilización de los dólares y eso lo está haciendo. Privilegia los alimentos y medicinas, pero bloquea la importación de repuestos, materiales de construcción, insumos diversos, automóviles.Eso va en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos que, además de medicinas y alimentos, necesitan otras cosas La única solución es el crecimiento de la actividad económica interna.
-¿Y eso no pasa por un cambio de paradigma?
-Absolutamente. De allí que la Comisión no tenga una expectativa extraordinaria de cambios de conducta en el Gobierno. Aquí estamos ante un enfrentamiento ideológico. Los miembros de la Comisión nos inscribimos en una tendencia de libre mercado de corte capitalista. O, en todo caso, de un socialismo democrático de tipo europeo. De ninguna manera en esa forma de manejar las cosas que se parece a Cuba, Corea del Norte o a la antigua URSS y sus países satélites, que siempre tuvieron problemas graves con la economía agrícola y la alimentación.
--Cita usted tres casos (Cuba, Corea, URSS) donde hubo tarjeta de racionamiento porque la comida no alcanzaba. Pero, al mismo tiempo, advierte que el Gobierno garantiza la importación de alimentos para impedir que eso ocurra. ¿Quiere decir que aún tenemos lejos la tarjeta de racionamiento?
-No me atrevería a decir que la tarjeta de racionamiento no está a la vista. Al Gobierno le encantaría que hubiera una tarjeta de racionamiento. No hay un mecanismo más severo ni más eficiente de control político sobre la población, que una tarjeta de racionamiento. Ella le garantiza a todos los habitantes de un país las calorías necesarias. No la calidad y la nutrición, pero sí las calorías. Con una tarjeta de racionamiento yo puedo distribuir (y esa es la manera de pensar de ellos) equitativamente las calorías dentro de la población. Los cubanos toleran la tarjeta de racionamiento porque, con todas las limitaciones en materia de calidad, se garantiza que nadie pase hambre. Y no hay mejor propaganda política que esa.
-Entonces la tarjeta de racionamiento no resulta tan mala como la pintan.
-En muchos países socialistas la gente no pasa hambre, pero come muy mal y come a pulso en un medio donde hay desabastecimiento y mercado negro. Pero el principal vicio de la tarjeta es que viola el derecho fundamental de comer lo que uno quiere comer o lo que puede comer según su condición, edad, peso, estatura, sexo y salud. No lo que el Gobierno quiere que uno coma. Y eso lo contemplan las Naciones Unidas como un derecho humano.
-Imponerle a la gente lo que debe comer, ¿no es una forma de totalitarismo?
-Es el control. Si te portas mal no te doy la cartilla. Quedas excluido. Te conviertes en un ciudadano minusválido.
El Universal
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