Pese a que las autoridades venezolanas afirman que en el país reina una absoluta libertad de expresión y que nadie es perseguido por sus ideas y opiniones, la realidad se encarga de desmentir estas declaraciones.La denuncia la formuló Amnistía Internacional (AI) en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo a lo largo de 2010, en el cual afirmó que "se procesó por cargos de motivación política a personas que habían criticado al Gobierno, aparentemente con el fin de silenciarlas".
En el reporte, difundido ayer, la agrupación reseñó los casos del ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz, quien fue detenido y se le abrió un juicio por acusar al Gobierno de permitir que grupos guerrilleros usen el territorio nacional como base; el del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, al cual se le abrió una investigación por responsabilizar al presidente Hugo Chávez de los sucesos de abril de 2002; o el del sindicalista Rubén González, quien permaneció años encarcelado por encabezar una protesta.
Amnistía también denunció el clima de persecución e intimidación en el que tienen realizar su trabajo los activistas de Derechos Humanos.
En el informe, la organización destacó la agresión que sufrió en julio pasado Víctor Martínez, director de una agrupación por garantías fundamentales del estado Lara y cuyo hijo fue asesinado en 2009. Ambos casos permanecen en la más absoluta impunidad.
Asimismo mencionó la persecución que la presidente de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, sufrió el año pasado y las amenazas de detenerla, luego de que cuestionara la actuación del Alto Mando de la Fuerza Armada; o el asesinato de Wilmer Flores Barrios, cuya familia ha venido denunciado la actuación de grupos policiales de exterminio en el estado Aragua y que se convirtió en el sexto miembro de su familia en ser ajusticiado presuntamente por agentes policiales de la entidad central.
Aspectos a saludar
El informe de Amnistía no es una larga lista de críticas, sino que también reconoce algunas de las medidas adoptadas por el Estado venezolano para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país. Así por ejemplo se saludan los esfuerzos hechos tanto por el Ministerio Público como por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para combatir la violencia de género.
En el documento se ve con buenos ojos la creación nuevas fiscalías y de tribunales especializados para conocer los casos de ataques y agresiones contra las mujeres.
El máximo juzgado anunció recientemente que en 2010 los casi 30 juzgados habían tramitado más de 100 mil casos y que más de la mitad habían sido resueltos.
Pese a sus felicitaciones, Amnistía reclamó que del Ministerio Público y del TSJ que adopten medidas para evitar que situaciones como el del boxeador "Inca" Valera no se vuelvan a repetir.
Valera asesinó a su esposa en Valencia (Carabobo), pese a que semanas antes lo habían detenido en Mérida (Mérida) por golpearla y un juez le había prohibido acercarse a ella. No obstante, en lugar de mantenerlo arrestado, tal y como ordena la ley lo dejaron en libertad.
El Universal
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