Ante la necesidad de que una parte interesada interpusiera el recurso, el diputado por Carabobo Carlos Berrizbeitia acudió ayer al Tribunal Supremo de Justicia para exigir el nombramiento de la junta médica que evalúe el nivel de incapacidad del contralor general de la República, Clodosbaldo Russián.La decisión del tribunal debería ocurrir antes de finales del mes de julio, cuando se cumplen los 90 días continuos de falta temporal que establece la Constitución en su artículo 234 para el Presidente, pero que, según el abogado Alfredo Romero, redactor del documento, puede aplicarse análogamente a cualquier otro "alto dignatario" en ejercicio.
Transcurridos estos tres meses la potestad recaería en la propia Asamblea Nacional sin intervención judicial, que está en la obligación de nombrar a quien complete el período de Russián, que hace dos semanas sufrió un accidente cerebro vascular.
Al respecto, Berrizbeitia aclaró que Adelina González, la subcontralora que ocupa temporalmente el cargo "no puede terminar el período, porque se trata de un cargo de libre nombramiento y remoción. La única forma de que lo hiciera sería que los diputados de la AN la aprobaran".
CONSENSO IMPOSIBLE
A juicio de Berrizbeitia, la forma en que el Parlamento debe tomar la decisión puede ser el motivo de que aún no se hayan hecho las diligencias para llenar la vacante.
Recuerda que el PSUV carece de la mayoría calificada (2/3 de los diputados) requerida, "por lo que para completar el período no podrían nombrar a alguien que obedezca la línea del partido, pues no cuentan con los votos", por lo que, a su entender, les convendría más mantener a la subcontralora y dejar el vacío.
Berrizbeitia comentó que "en cualquier democracia normal" lo lógico sería que se lograra un acuerdo entre los diputados opositores y oficialistas para "nombrar por consenso al mejor candidato para ser contralor hasta que culmine el período".
El parlamentario alertó sobre la aeroambulancia en la que partió Russián para Cuba "para su recuperación, generando incertidumbre en el país y permitiendo que el gobierno evada la responsabilidad".
Por ello, recordó reiteradamente que el informe sobre la salud del Contralor debe ser emitido "no por un médico privado, ni público ni cubano", sino por la junta que debe estar integrada por cinco profesionales de la medicina.
Tal Cual Digital
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